¿Qué universidad queremos?

La discusión del nuevo anteproyecto de Ley orgánica de la UV representa una oportunidad para reflexionar y decidir qué universidad queremos. ¿Queremos tener un rector (o rectora) que una vez instalado pueda hacer prácticamente lo que le venga en gana y manejar a su antojo los recursos de la universidad o queremos un rector más controlado? ¿Queremos, en otras palabras, una monarquía dentro de la universidad o queremos una república? La lucha entre los partidarios de estas dos formas de gobierno no terminó en México con el fusilamiento de Maximiliano. Por increíble que parezca, el hecho es que hay una tendencia monárquica, por no decir absolutista, dentro de la universidad, y es una tendencia a darle todo el poder al rector (o rectora) en turno, y esa tendencia ha influido tanto en la redacción de la ley orgánica vigente como en la de la iniciativa de ley que se ha enviado a los diputados. Hay que recordar que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana se estableció para remplazar al Gobernador, que podía nombrar y remover al rector cuando quisiera, como en el caso de Murillo Vidal que un día designó a Maldonado como rector y en seguida rectificó y nombró a Bravo. El caso es que desde un principio se limitó el poder de la Junta, pues solo se le otorgaron facultades para nombrar al rector, no para removerlo, y en consecuencia éste tuvo mucho más poder que sus antecesores, y prácticamente resulta inamovible. Los anteriores rectores sabían muy bien que cualquier error o incluso una queja podía costarles el puesto y actuaban con cuidado, pero una consecuencia nefasta de la autonomía es que el rector en turno resultó prácticamente inamovible.. En vez de corregir ahora el error, otorgándole a la Junta de Gobierno facultades para remover al rector, si incurre en alguna falta grave o no cumple con sus funciones, como en la Unam, en la iniciativa de Ley orgánica se pretende que el Consejo universitario es el único organismo que tiene facultades para "Resolver sobre la renuncia del Rector o Vicerrectores; o removerlos por causa grave con fundamento en el procedimiento señalado en la reglamentación correspondiente". Se dificulta en esa forma la posible remoción del rector, pues el consejo, como autoridad, es algo fantasmal. La Comisión que redactó la iniciativa debería explicar su postura. Hay además que recordar que la democracia se fue desarrollando a medida que se restringía el poder de los soberanos, pero en la UV hay quienes pretenden volver atrás y crear un cacicazgo. No solo no le dan más atribuciones a la Junta de Gobierno para que pueda remover al rector, y éste actúe con más cuidado, sino que la iniciativa pretende maniatarla completamente. De acuerdo a la ley vigente, la Junta de Gobierno nombra al Contralor General, que es "el encargado de supervisar y evaluar el ejercicio de las actividades de la Universidad". Sin embargo, en la iniciativa de ley el Contralor queda supeditado a la Comisión de Vigilancia Financiera y Control Patrimonial del Consejo universitario. Si en la ley vigente hay una Comisión de Vigilancia Financiera y un Contralor es porque en lo que se refiere a los recursos financieros la experiencia demuestra que cualquier control es poco, y por eso en la Unam no solo hay un contralor sino también un Patronato; el caso es que en la iniciativa se pretende reducir el control de los recursos

financiero y el patrimonio universitario eliminando prácticamente a la Contraloría y quitándole atribuciones a la Junta. La Junta de Gobierno dejaría de ser el órgano de control independiente de la administración que requiere la universidad en vez de que al respecto se le den más atribuciones, como designar al Defensor, que es una especie de contralor moral. Hay muchos otros detalles que merecen atención, pero lo esencial es que la iniciativa de ley orgánica que se le ha enviado a los diputados le otorga más poder al rector en turno en vez de someterlo al control de la Junta de Gobierno. Se trata de una iniciativa monárquica; por eso hay que desecharla y remplazarla por otra republicana.

La Jornada. Junio 11 del 2019