El Consejo editorial de la Universidad Veracruzana
se rige por un reglamento ya obsoleto que se debe revisar y actualizar.
Para limitarme a un
ejemplo, el artículo 19 establece, entre otras cosas, que, “Si la obra ya fue
publicada bajo otro sello editorial, se estudiará la propuesta si el autor
adjunta material inédito, quedando la decisión de la publicación en la comisión
correspondiente”.
En otras palabras, la
editorial no acepta obras que hayan sido publicadas por otras instituciones, a
menos que incluyan algún material inédito.
De acuerdo con esto, la
Universidad Veracruzana no podría rescatar obras como A la orilla de este río
de Maples Arce, originalmente publicada hace unos cincuenta años por la
madrileña editorial Plenitud, y eso limitaría considerablemente su labor.
Por suerte, en 1983 se
reimprimieron los tres tomos de las memorias del poeta y hace poco se
repusieron, y hay otros casos en que el Consejo también ha hecho caso omiso de
lo dispuesto, pues “Hace poco la Comisión de Literatura acordó publicar tal cual
el libro de un poeta colombiano que éste ya había editado en su país natal”,
según el actual director de la editorial.
(Cito un mensaje de
Agustín del Moral dirigido al secretario académico y del cual me marcó copia).
La comisión incurrió así
en una violación al reglamento en vez de proponer una reforma
y esperar a que la
aprobara el Consejo Universitario.
Seguramente, eso se debe
a que era urgente dar a conocer en estas tierras la obra poética mencionada
(Nótesela ironía).
Lo malo es que en otros
casos se aplica el reglamento y se les cierran las puertas a obras publicadas
por otras instituciones.
Habría que preguntarse si
una editorial pierde algún prestigio por publicar obras que
ya habían aparecido con
otro sello.
Hay que revisar, en fin,
todo el reglamento y someterlo a la consideración de investigadores y docentes,
así como de los estudiantes que pueden también aportar alguna observación o
reclamar mayor atención.
De hecho, existe ya una
comisión que lo debe analizar y recomendar modificaciones, pero ¿qué ha hecho?
¿Cuánto tiempo se necesita para leer el reglamento y proponer algunos cambios?
Hace unos días le eché un
vistazo y me parece que el reglamento actual no responde a la exigencia de
transparencia (Glasnost, diría Gorbachov) que se ha registrado en todos los
ámbitos del país, pues pretende que las publicaciones se decidan “en lo
oscurito”.
En el artículo 20 se
establece que “El lector [a quien se remita una obra] deberá firmar su dictamen,
pero éste será estrictamente confidencial”, y en el artículo 21, se agrega que
“El autor o autores de
una obra aprobada o rechazada podrán conocer los dictámenes evaluatorios (sic).
No obstante, estos dictámenes llegarán a sus manos sin la firma del lector, que
por ningún motivo podrá perder su anonimato”.
¿Para qué tanto misterio?
Emitir un dictamen sobre
un libro no es algo diferente a participar como sinodal en un examen
profesional o como jurado en un concurso y en esos casos no se requieren
capuchas.
El reglamento adolece
además de autoritarismo, pues actualmente se presupone que
los lectores no pueden
equivocarse y desbarrar, pues según el inciso VIII, fracción c de artículo 11,
“la obra, si es aceptada, es enviada a producción, si es rechazada se regresa
al autor, y, si se solicitan modificaciones, se piden las mismas al autor y se
da un plazo de tres meses para presentar la obra corregida”.
No se contempla la
posibilidad de que el autor rechace las recomendaciones de los lectores de una
manera razonada, aunque en la fracción siguiente se agrega que “En el caso de
surgir algún caso (sic) que suscite dudas, es el Consejo Editorial en pleno el
que se reúne para discutir los casos particulares y llegar a una decisión
pertinente”.
Todos podemos cometer
errores, y creo que lo mejor sería darle al autor la posibilidad de contestar
el dictamen y recurrir al pleno del consejo sólo en caso de que el lector no
acepte las aclaraciones del autor y se monte en su macho.
Los escritores e
intelectuales mexicanos tienden a formar grupos –mafias, en realidad
que se apoderan y
controlan los fondos que las instituciones y dependencias destinan a la
publicación de libros.
Hay que evitar que algunas
personas se perpetúen en el consejo y procurar que éste se renueve, pero esto
es difícil, debido a que el art. 14 establece que los integrantes del Consejo
Editorial serán nombrados por el Rector, “a propuesta del Consejo Editorial”.
Si alguien no es del
agrado de quienes manejan la editorial, no van a proponerlo, eso es claro, por
más méritos que tenga.
El reglamento actual
permite así marginar a los investigadores y profesores que no sean afines a
quienes ya manejan la editorial.
Hay que reformar el
reglamento para que los órganos colegiados de las diferentes facultades e
institutos de investigación sean los que propongan a los integrantes del
consejo.
El reglamento actual está
incluso mal redactado, como se puede apreciar por las citas que he hecho aquí y
también por eso urge revisarlo.
La frase “En el caso de
surgir algún caso…” revela descuido y en el reglamento de una editorial ya es
el colmo.
Publicada en La Jornada Semana el 22 de noviembre de 2019
